23 de junio de 2008

UNA PAZ DURADERA CIMENTADA EN LA LIBERTAD


John McCain*

Desde los albores de nuestra república, los estadounidenses hemos creído que nuestra nación fue creada con un propósito. Somos, como dijo Alexander Hamilton, "un pueblo de grandes destinos". Desde la Revolución estadounidense hasta la Guerra Fría, los estadounidenses hemos entendido nuestro deber de servir a una causa que va más allá del interés propio y de mantener la fe en los principios eternos y universales plasmados en la Declaración de Independencia. Al vencer las amenazas a la supervivencia de nuestra nación y a nuestra forma de vida, y al aprovechar las grandes oportunidades de la historia, los estadounidenses hemos cambiado el mundo.

Ahora le corresponde a esta generación restaurar y recobrar la fe del mundo en nuestra nación y en nuestros principios. El presidente Harry Truman se expresó así de Estados Unidos: "Dios nos creó y nos llevó a nuestra posición actual de poder y fuerza para servir a algún enorme propósito". En su época, este enorme propósito fue el de cimentar las estructuras de paz y prosperidad que permitieron un tránsito seguro durante la Guerra Fría. Frente a los nuevos peligros y oportunidades, nuestro próximo presidente tendrá un mandato para construir una paz global duradera sobre los cimientos de la libertad, la seguridad, la oportunidad, la prosperidad y la esperanza.

Estados Unidos necesita un presidente que pueda revitalizar el propósito y la posición de nuestro país en el mundo, derrotar a los adversarios terroristas que amenazan la libertad dentro y fuera de nuestras fronteras, y construir la paz duradera. Hay una gran cantidad de cosas por hacer. Nuestras guerras en Iraq y en Afganistán han tenido un costo muy alto, tanto en derramamiento de sangre como en pérdidas materiales, así como en otros aspectos menos tangibles. Nuestro próximo presidente necesitará unir a los países del mundo en torno a las causas comunes, como sólo Estados Unidos puede hacerlo. No habrá tiempo para ir aprendiendo en el camino. Dados los peligros actuales, nuestro país no puede darse el lujo de tener el tipo de malestar, de abandono y de falta de eficacia y vitalidad que sucedieron a la Guerra de Vietnam. El próximo presidente debe estar preparado para guiar a Estados Unidos y al mundo hacia la victoria, y para aprovechar las oportunidades que ofrecen la libertad y la prosperidad sin precedente existentes en el mundo de hoy para construir una paz que perdure durante un siglo.

Ganarle la guerra al terrorismo

El desafío de seguridad nacional más grande de nuestro tiempo es derrotar a los extremistas radicales islámicos. Iraq es el frente más importante de esta guerra, a decir de nuestro comandante en esas tierras, el general David Petraeus, y también según nuestros enemigos, incluido el liderazgo de al Qaeda.

Los últimos años de mala administración y fracaso en Iraq demuestran que Estados Unidos debe ir a la guerra sólo si cuenta con un número suficiente de tropas y con un plan de éxito realista y comprensivo. No lo hicimos así en Iraq, y tanto nuestro país como el pueblo iraquí han pagado un precio muy alto. No fue sino hasta que habían pasado cuatro años de iniciado el conflicto que Estados Unidos adoptó una estrategia contra la insurgencia, respaldada por un mayor número de tropas, que nos brinda una oportunidad realista de vencer. No podemos recuperar esos años perdidos, y ahora la única acción responsable para cualquier candidato presidencial es ver hacia el futuro y diseñar la posición estratégica en Iraq que proteja mejor los intereses nacionales de Estados Unidos.

Mientras podamos obtener la victoria en Iraq -- y creo que sí podemos -- debemos vencer. Las consecuencias del fracaso serían terribles: una derrota histórica a manos de islamistas extremistas que, después de haber derrotado a la Unión Soviética en Afganistán y a Estados Unidos en Iraq, creerán que el mundo gira a su favor y que todo es posible; un Estado fallido en el corazón del Medio Oriente que será un santuario para los terroristas; una guerra civil que podría desembocar rápidamente en un conflicto regional e incluso en un genocidio; un final determinante a la perspectiva de tener una democracia moderna en Iraq, por la cual las mayorías de ese país han votado en repetidas ocasiones; y una invitación a que Irán domine a Iraq y todavía más a la región.

Ya sea que el éxito se vea más cercano o más lejano en los próximos meses, es obvio que Iraq será un tema central en la agenda del próximo presidente de Estados Unidos. Los candidatos presidenciales demócratas han prometido retirar las tropas estadounidenses y "ponerle fin a la guerra" por decreto, sin importar las consecuencias. Tomar tales decisiones con base en los vientos políticos en Estados Unidos, más que en las condiciones reales en el terreno, significa arriesgarse al desastre. La guerra en Iraq no puede desaparecer con sólo desearlo, y creer que las consecuencias del fracaso afectarán exclusivamente a un gobierno o a un partido político es un error de cálculo de proporciones históricas. Ésta es una guerra estadounidense, y su resultado afectará a todos y cada uno de nuestros ciudadanos en los años venideros.

Es por esto que apoyo la continuidad de nuestros esfuerzos para ganar en Iraq. Es también por eso que me opongo a una estrategia de retiro anticipado de tropas para la cual no existe un plan alternativo que permita enfrentar las consecuencias de su inevitable fracaso y los enormes problemas que todo esto conllevaría.

Lo que suceda en Iraq también afectará a Afganistán. Ha habido avances en Afganistán: más de dos millones de refugiados han retornado, el bienestar de los ciudadanos afganos ha mejorado significativamente y se llevaron a cabo unas elecciones históricas en 2004. Sin embargo, el reciente resurgimiento de los talibanes amenaza con devolver a Afganistán al papel que desempeñó, antes del 11-S, como santuario para los terroristas con alcance global. Nuestro nuevo compromiso con Afganistán deberá incluir más fuerzas armadas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), suspender las restricciones debilitantes sobre cuándo y cómo estas fuerzas armadas pueden combatir, expandir la capacitación y el equipamiento del Ejército Nacional Afgano mediante una asociación de largo plazo con la OTAN para que sea más profesional y multiétnico, y desplegar más entrenadores policíacos extranjeros. También deberá enfrentar las deficiencias políticas actuales en lo referente a la reforma judicial, la reconstrucción, la gobernabilidad y los esfuerzos para combatir la corrupción.

El éxito en Afganistán es clave para detener a al Qaeda, pero el éxito en el vecino Pakistán es también vital. Debemos continuar trabajando con el presidente Pervez Musharraf para desmantelar las células y los campamentos que los talibanes y al Qaeda mantienen en su país. Estos grupos todavía tienen santuarios en Pakistán, y la "talibanización" de la sociedad pakistaní sigue avanzando. Estados Unidos debe ayudar a Pakistán a resistir el avance de las fuerzas extremistas, estableciendo un compromiso de largo plazo con ese país. Este compromiso significaría aumentar la capacidad de Pakistán para actuar en contra de los refugios de la insurgencia, hacer que los niños vayan a las escuelas y abandonen las madrazas extremistas, y apoyar a los pakistaníes moderados.

Nuestros esfuerzos para combatir el terrorismo no pueden limitarse a grupos no estatales que operan en refugios seguros. Irán, el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, continúa en su búsqueda mortal de armas nucleares y de los medios para utilizarlas. Protegido por un arsenal nuclear, Irán estaría más que pronto y dispuesto a patrocinar ataques terroristas en contra de cualquier enemigo percibido, incluidos Estados Unidos e Israel, o incluso a proporcionar materiales nucleares a una de sus redes terroristas aliadas. El próximo presidente deberá enfrentar esta amenaza de manera directa; tales esfuerzos deberán comenzar por imponer sanciones políticas y económicas más severas. Si la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no está dispuesta a actuar, Estados Unidos deberá liderar a un grupo de países afines a él para imponer sanciones multilaterales eficaces, tales como restricciones a las exportaciones de gasolina refinada, fuera del marco de la ONU. Estados Unidos y sus aliados deben también privatizar el esfuerzo de las sanciones apoyando una campaña de desinversión, con el fin de aislar y deslegitimar al régimen de Teherán, a cuyas políticas ya se oponen muchos ciudadanos iraníes. Además, las acciones militares, aunque no son la opción preferible, deben permanecer sobre la mesa: Teherán debe entender que no ganará en un enfrentamiento con el mundo.

Mientras tanto, debido al incremento en las amenazas hacia Israel -- por parte de Irán, Hezbolá, Hamás y otros -- , el próximo presidente de Estados Unidos debe continuar con el apoyo de siempre hacia ese país, ofreciendo incluso el equipo militar y la tecnología necesarios, y asegurándose de que Israel mantenga su ventaja militar cualitativa. La siempre esquiva búsqueda de la paz entre Israel y los palestinos debe seguir siendo una prioridad. Sin embargo, la meta debe ser lograr una paz genuina, por lo que se debe aislar a Hamás, aun si Estados Unidos intensifica su compromiso de encontrar un acuerdo de paz duradero.

Derrotar a los terroristas que ya amenazan a Estados Unidos es de vital importancia, pero es igualmente importante impedir que una nueva generación de ellos se una a la causa. Como presidente, emplearé todas las herramientas económicas, diplomáticas, políticas, legales e ideológicas que estén a nuestro alcance con el fin de ayudar a los musulmanes moderados -- mujeres que luchan por sus derechos, líderes obreros, abogados, periodistas, maestros, imanes tolerantes y muchos otros -- , quienes están resistiendo frente a las campañas extremistas bien financiadas que están destrozando a las sociedades musulmanas. Mi gobierno, con sus socios, ayudará a los Estados musulmanes amistosos a colocar los cimientos de sociedades abiertas y tolerantes. Asimismo, alimentaremos una cultura de esperanza y de oportunidades económicas estableciendo un área de libre comercio desde Marruecos hasta Afganistán, abierta a todos aquellos que no patrocinen el terrorismo.

La defensa de la patria

En 1947, el gobierno de Truman dio inicio a una reestructuración masiva de la política exterior, de la defensa y de los servicios de inteligencia del país para afrontar los retos de la Guerra Fría. Hoy, debemos hacer lo mismo para hacer frente a los retos del siglo XXI. Nuestras fuerzas armadas están seriamente desgastadas y tienen pocos recursos. Como presidente, aumentaré el tamaño del Ejército estadounidense, así como el del Cuerpo de Infantería de Marina, de un nivel planeado de aproximadamente 750 000 a 900 000 soldados. Aumentar el reclutamiento requerirá más recursos y tomará tiempo, pero debe hacerse tan pronto como sea posible.

Amén de más personal, nuestras fuerzas armadas necesitan equipo adicional con el fin de recuperarse de las pérdidas recientes y modernizarse. Podemos compensar parcialmente esta inversión adicional recortando los gastos innecesarios. Sin embargo, también podemos darnos el lujo de gastar más en la defensa nacional, que actualmente consume menos de cuatro centavos por cada dólar que genera nuestra economía -- mucho menos de lo que gastamos durante la Guerra Fría -- . Debemos, asimismo, acelerar la transformación de nuestras fuerzas armadas, todavía configuradas para combatir enemigos que ya no existen.

Estados Unidos no sólo necesita más tropas, sino más soldados con las aptitudes necesarias para ayudar a los gobiernos amigos y a sus fuerzas de seguridad para que puedan combatir enemigos comunes. Crearé un Cuerpo Consultivo del Ejército con 20 000 soldados para que trabaje en conjunto con los ejércitos extranjeros; también incrementaré la cantidad de personal militar estadounidense disponible para participar en las operaciones de las Fuerzas Especiales, actividades de asuntos civiles, policía militar e inteligencia militar. También necesitamos una fuerza policíaca no militar que se pueda desplazar para capacitar a fuerzas extranjeras, y ayude a mantener la ley y el orden en lugares que se vean amenazados por el colapso del Estado.

En estos tiempos, entender las culturas extranjeras no es un lujo, sino una necesidad estratégica. Como presidente, lanzaré un programa intensivo en las escuelas civiles y militares para preparar a más expertos en lenguas críticas, como árabe, chino, farsi y pashto. Los estudiantes que asistan a nuestras academias militares tendrán, como requisito, que estudiar en el extranjero. Expandiré el programa de Funcionarios Militares en el Extranjero y crearé una nueva especialidad en interrogatorios estratégicos, con el fin de formar a más interrogadores que puedan obtener información clave de detenidos, mediante técnicas psicológicas avanzadas, en lugar de utilizar tácticas abusivas prohibidas por las Convenciones de Ginebra.

Estableceré una nueva agencia similar a la desaparecida Oficina de Servicios Estratégicos (OSE). Una OSE moderna podría reunir a especialistas en guerras no convencionales, en asuntos civiles y en guerras psicológicas, así como a operadores encubiertos y a expertos en antropología, publicidad y otras disciplinas relacionadas, dentro y fuera del gobierno. Similar a la OSE original, esta organización sería pequeña, ágil y operativa. Combatiría la subversión terrorista en todo el mundo y en el ciberespacio. Podría asumir los riesgos que nuestras burocracias apenas consideran hoy en día, como el envío de agentes que se infiltren sin protección diplomática en Estados y organizaciones terroristas, y desempeñaría un papel vital en los esfuerzos de primera línea para reconstruir Estados fallidos.

A medida que incrementemos nuestra capacidad militar, debemos también aumentar nuestra capacidad civil. Como presidente, revitalizaré y expandiré nuestras capacidades de reconstrucción posconflicto, para que cualquier campaña militar se complemente con un "envío masivo" de personal civil que pondría los cimientos políticos y económicos de la paz. Para coordinar mejor nuestras diferentes operaciones militares y civiles, le pediré al Congreso que haga un seguimiento civil de la Ley Goldwater-Nichols de 1986, la cual fomentó una cultura de operaciones conjuntas dentro de los servicios militares. La nueva ley crearía un marco para que servidores públicos y fuerzas militares se capaciten y trabajen conjuntamente para facilitar la cooperación en la reconstrucción posconflicto.

También debemos revitalizar nuestra diplomacia pública. En 1998, el gobierno de Clinton y el Congreso acordaron erróneamente abolir la Agencia de Información de Estados Unidos y trasladaron sus funciones de diplomacia pública al Departamento de Estado. Esto equivalió a un desarme unilateral en la guerra de las ideas. Trabajaré con el Congreso para crear una nueva agencia independiente con el único propósito de hacer llegar el mensaje de Estados Unidos al mundo entero, un elemento crucial en el combate al extremismo islámico, así como en la restauración de la imagen positiva de nuestro país en el extranjero.

La unión de las democracias del mundo

Nuestras organizaciones y asociaciones deben ser tan internacionales como los desafíos que enfrentamos. Hoy, los soldados estadounidenses están presentes en Afganistán junto con soldados británicos, canadienses, neerlandeses, alemanes, italianos, lituanos, polacos, españoles y turcos de la OTAN. También están combatiendo junto con soldados de Australia, Japón, Nueva Zelandia, Filipinas y Corea del Sur, todos aliados democráticos o socios cercanos de Estados Unidos. Pero estas tropas no forman parte de una estructura común. No trabajan juntos de manera sistemática ni se reúnen periódicamente para desarrollar estrategias diplomáticas y económicas con el fin de hacer frente a los retos comunes.

La OTAN ha comenzado a cerrar esta brecha promoviendo asociaciones entre la alianza y las grandes democracias en Asia y en el resto del mundo. Debemos ir más allá, vinculando a los países democráticos en una organización común: una Liga de las Democracias de alcance mundial. Sería muy diferente al fracasado intento de Woodrow Wilson de crear la Sociedad de Naciones con una membresía universal. Más bien, sería algo similar a lo que Theodore Roosevelt imaginó: Estados afines que trabajan juntos por la paz y la libertad. El organismo podría actuar cuando la ONU fracase en sus esfuerzos por aliviar el sufrimiento humano en lugares como Darfur, combatir el VIH/SIDA en el África subsahariana, modelar mejores políticas para enfrentar las crisis ambientales, ofrecer acceso libre a los mercados a aquellos que promuevan la libertad política y económica, y tomar otras medidas inasequibles para los sistemas de organización existentes, sean regionales o universales.

Esta Liga de las Democracias no sustituiría a la ONU o a cualquier otro organismo internacional, sino que los complementaría mediante el aprovechamiento de las ventajas políticas y morales que ofrece la acción democrática unida. Al tomar medidas como ejercer una presión concertada sobre los tiranos en Birmania (rebautizada como Myanmar por su gobierno militar en 1989) o como el de Zimbabue, unirse para imponer sanciones a Irán y ofrecer apoyo a las frágiles democracias de Serbia y Ucrania, la Liga de las Democracias estaría verdaderamente al servicio de la libertad. Si soy elegido presidente, durante mi primer año en el poder, convocaré a una reunión cumbre de las democracias de todo el mundo para conocer los puntos de vista de mis contrapartes y explorar los pasos necesarios para hacer realidad esta visión, tal y como Estados Unidos lideró la creación de la OTAN hace seis décadas.

La revitalización de la alianza trasatlántica

Estados Unidos no ganó por sí solo la Guerra Fría; fue la alianza trasatlántica quien lo hizo, en concierto con sus socios alrededor del mundo. Los lazos que compartimos con Europa en términos de historia, valores e intereses son únicos. Desafortunadamente, esos lazos se han debilitado. Como presidente, una de mis prioridades de política exterior será la de revitalizar la relación trasatlántica.

Los estadounidenses debemos dar la bienvenida al surgimiento de una Unión Europea fuerte y segura. El futuro de la relación trasatlántica radica en enfrentar los retos del siglo XXI en todo el mundo: desarrollar una política energética común, crear un mercado común trasatlántico que vincule más nuestras economías e institucionalizar nuestra cooperación en asuntos tales como el cambio climático, la ayuda oficial al desarrollo y la promoción de la democracia.

Hace una década y media, el pueblo ruso removió del poder a la tiranía comunista y parecía decidido a construir una democracia y un mercado libre para unirse a Occidente. Hoy, somos testigos de la reducción de las libertades políticas en Rusia, de un liderazgo dominado por una camarilla de ex funcionarios de inteligencia, de sus esfuerzos por intimidar a sus vecinos democráticos, como Georgia, y de sus intentos por manipular la dependencia de Europa del petróleo y el gas rusos. En Occidente necesitamos encontrar una nueva forma para lidiar con esta Rusia revanchista. Debemos comenzar asegurándonos de que el G-8, el grupo de países más industrializados, vuelva a ser un club de democracias de mercado líderes: debe incluir a Brasil y a la India, pero excluir a Rusia. En vez de tolerar el chantaje nuclear de Rusia o los ataques cibernéticos, los países de Occidente deben dejar en claro que la solidaridad de la OTAN, desde el Báltico hasta el Mar Negro, es indivisible y que las puertas de esta organización siguen abiertas a todas las democracias comprometidas con la defensa de la libertad. También debemos incrementar nuestros programas de apoyo a la libertad y el Estado de derecho en Rusia, así como hacer hincapié en que la posibilidad de establecer una alianza genuina sigue abierta para Moscú, si es que así lo desea, pero esta asociación conllevaría el compromiso de ser un actor responsable, tanto nacional como internacionalmente.

En términos más generales, Estados Unidos necesita revivir la solidaridad democrática que unió a Occidente durante la Guerra Fría. No podemos construir una paz duradera basada en la libertad nosotros solos. Debemos tener la disposición de escuchar a nuestros aliados democráticos. Ser una gran potencia no significa que podamos hacer lo que queramos cuando queramos, ni debemos asumir que tenemos toda la sabiduría, el conocimiento y los recursos necesarios para salir adelante. Cuando creamos que la acción internacional es necesaria -- sea militar, económica o diplomática -- debemos trabajar para persuadir a nuestros amigos y aliados de que tenemos la razón. Y también debemos estar dispuestos a que ellos nos convenzan también. Para ser un buen líder, Estados Unidos debe ser un buen aliado.

La formación del siglo Asia-Pacífico

En el mundo actual, el poder se está trasladando al Oriente. La región Asia-Pacífico va en ascenso. Si aprovechamos las oportunidades actuales en un mundo en transformación, este siglo puede ser seguro y tanto estadounidense como asiático, además de próspero y libre.

En las décadas recientes, Asia ha avanzado a pasos agigantados. Sus logros económicos son muy conocidos; lo que no es tan conocido es que más gente vive bajo regímenes democráticos en Asia que en cualquier otra región del mundo. El ex primer ministro de Japón habló de un "arco de libertad y prosperidad" que se extiende por toda Asia. El primer ministro de la India ha llamado a la democracia liberal "el orden natural de la organización política y social en el mundo de hoy". Los países asiáticos se están uniendo cada día más, firmando acuerdos de comercio y seguridad entre ellos y con otros Estados.

El régimen totalitario de Corea del Norte y su sociedad empobrecida se oponen a estas tendencias. Actualmente, no queda claro si Corea del Norte está verdaderamente comprometida con una desnuclearización verificable y con el inventariado de todos sus materiales e instalaciones nucleares, dos pasos que son necesarios antes de que pueda alcanzarse cualquier tipo de acuerdo diplomático duradero. Las conversaciones futuras tendrán que tomar en cuenta los programas de misiles balísticos de Corea del Norte, el secuestro de ciudadanos japoneses y el apoyo que brinda al terrorismo y a la proliferación.

La clave para enfrentarse a estos y otros desafíos en una Asia cambiante es aumentar la cooperación con nuestros aliados. La pieza clave para hacer realidad el potencial de la región es que Estados Unidos mantenga su compromiso. Le doy la bienvenida al liderazgo internacional de Japón y a su surgimiento como potencia global, celebro su admirable "diplomacia basada en los valores" y apoyo su solicitud para participar como miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Como presidente, prestaré cuidadosa atención a nuestra cada vez más sólida alianza con Australia, cuyas tropas están peleando hombro con hombro con las nuestras en Afganistán e Iraq. Buscaré reconstruir nuestra desgastada relación con Corea del Sur, poniendo énfasis en la cooperación económica y de seguridad, y consolidaré nuestra cada vez más cercana relación con la India.

En el Sureste Asiático, buscaré una asociación más estrecha con Indonesia y continuaré expandiendo la cooperación en materia de defensa con Malasia, Filipinas, Singapur y Vietnam, a la vez que trabajaré con socios regionales que estén dispuestos a promover la democracia; a derrotar las amenazas del terrorismo, del crimen y del narcotráfico; y a terminar con los deplorables abusos a los derechos humanos en Birmania. Estados Unidos debe participar más activamente en los organismos regionales asiáticos, incluidos aquellos liderados por miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Como presidente, buscaré institucionalizar la nueva sociedad cuatripartita de seguridad entre las principales democracias de la región Asia-Pacífico: Australia, Estados Unidos, India y Japón.

Lidiar con una China en ascenso será un desafío central para el próximo presidente estadounidense. La reciente prosperidad en China ha sacado a más gente de la pobreza más rápido que en cualquier otra época de la historia de la humanidad. El nuevo poder de China implica responsabilidades. Genera expectativas legítimas de que China, en el ámbito internacional, se comportará como un socio económico responsable mediante el desarrollo de un código de conducta transparente para sus empresas, garantizando la seguridad de sus exportaciones, adoptando una estrategia de mercado para la valuación de su moneda, buscando la instrumentación de políticas ambientales sustentables y abandonando su actuación en solitario cuando se trata de las reservas energéticas mundiales.

China también podría reforzar su afirmación de que está "emergiendo pacíficamente" siendo más transparente en lo que respecta a su significativa acumulación de poder militar. Cuando China construye nuevos submarinos, añade cientos de nuevos aviones de combate, moderniza su arsenal de misiles balísticos estratégicos y hace pruebas con armas antisatélite, Estados Unidos debe cuestionar legítimamente la intención de tales actos provocadores. Cuando China amenaza al Taiwán democrático con un arsenal masivo de misiles y una retórica parecida a la de la guerra, Estados Unidos debe tomar nota de ello. Como China goza de estrechas relaciones económicas y diplomáticas con Estados parias como Birmania, Sudán y Zimbabue, es inevitable que surjan las tensiones. Cuando China proponga foros regionales y acuerdos económicos diseñados para excluir a Estados Unidos de Asia, Estados Unidos reaccionará.

China y Estados Unidos no están destinados a ser adversarios. Tenemos numerosos intereses que se superponen. Las relaciones sino-estadounidenses pueden beneficiar a ambos países y, por ende, a la región Asia-Pacífico y al mundo. Pero hasta que China avance hacia la liberalización política, nuestra relación estará basada en intereses compartidos periódicamente en vez de sobre los principios fundamentales de los valores comunes.

Estados Unidos debe establecer las normas para la liberalización comercial en Asia. Completar los acuerdos de libre comercio con Malasia y Tailandia, hacer realidad todo el potencial de nuestro nuevo acuerdo comercial con Corea del Sur e institucionalizar las asociaciones económicas con India e Indonesia para que se sumen a los acuerdos existentes con Australia y Singapur son todas medidas que deben crear el escenario para llevar a cabo un esfuerzo ambicioso en todo el Pacífico y liberalizar el comercio. Tal liberalización comercial beneficiaría tanto a los estadounidenses como a los asiáticos.

La construcción de un hemisferio de paz y prosperidad

John F. Kennedy describió a los pueblos de América Latina como nuestros "firmes y viejos amigos, unidos por la historia y la experiencia, y por nuestra determinación para promover los valores de la civilización americana". Los países de América Latina son nuestros socios naturales, pero la desatención de Estados Unidos ha dañado nuestras relaciones. Debemos fortalecer las relaciones de Estados Unidos con México para controlar la inmigración ilegal y derrotar a los cárteles de la droga, y también con Brasil, un socio cuyo liderazgo en la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en Haití es un modelo para promover la seguridad regional. Mi gobierno daría a éstos y a otros grandes Estados democráticos latinoamericanos una voz fuerte en la Liga de las Democracias, una voz que se les niega en el Consejo de Seguridad de la ONU.

También debemos trabajar juntos para combatir la propaganda de demagogos que amenazan la seguridad y la prosperidad de las Américas. Hugo Chávez se ha encargado del desmantelamiento de la democracia venezolana al minar al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los medios, a los sindicatos libres y a las empresas privadas. Su régimen está adquiriendo equipo militar de última generación. Y, asimismo, está tratando de construir un eje global antiestadounidense. Mi gobierno trabajará para marginar tales influencias nefarias. También se preparará de inmediato para la transición democrática en Cuba, por medio del desarrollo de un plan con socios regionales y europeos para una Cuba post Castro; así, estaremos listos, cuando llegue el momento, para iniciar un cambio rápido en ese país que ha sufrido durante tanto tiempo. Debemos aprovechar la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica para ratificar los acuerdos comerciales pendientes con Colombia, Panamá y Perú y avanzar en el proceso de negociación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Ayudar al renacimiento africano

Los problemas de África -- pobreza, corrupción, enfermedad e inestabilidad -- son muy conocidos. Se ha discutido menos la promesa que representan varios países en ese continente. Mi gobierno buscará involucrarse en un nivel político, económico y de seguridad con los gobiernos amigos en toda África. Muchos países africanos no alcanzarán su verdadero potencial sin ayuda externa para combatir problemas arraigados, como el VIH/SIDA, que afectan a los africanos de una manera desmedida. Estableceré la meta de erradicar la malaria del continente, el asesino número uno de los niños africanos menores de cinco años. Además de salvar millones de vidas en las regiones más pobres del mundo, tal campaña contribuiría muchísimo para mejorar la imagen de Estados Unidos en el mundo. Éstos y otros esfuerzos, incluidos el aumento al comercio y a la inversión, ayudarían a los africanos a detonar un renacimiento que permitiría a los pueblos del continente alcanzar su potencial.

África continúa ofreciendo el argumento más convincente en lo que respecta a la intervención humanitaria. En lo referente a la región de Darfur, en Sudán, me temo que Estados Unidos está repitiendo de nuevo los errores que cometió en Bosnia y en Ruanda. En Bosnia, actuamos tarde pero, finalmente, salvamos incontables vidas. En Ruanda, nos mantuvimos al margen, fuimos testigos de las matanzas y después prometimos que no actuaríamos de esa forma de nuevo. El genocidio de Darfur exige el liderazgo estadounidense. Mi gobierno considerará el uso de todos los elementos del poder estadounidense para detener los actos intolerables de destrucción humana que se han desarrollado ahí.

Prevenir la proliferación nuclear

El régimen de no proliferación nuclear no funciona por una razón evidente: la suposición errónea detrás del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) de que la tecnología nuclear puede diseminarse sin que a esto le siga el desarrollo futuro de armas nucleares. El próximo presidente de Estados Unidos debe convocar una cumbre con las potencias líderes del mundo -- ninguna de las cuales está interesada en ver un mundo repleto de Estados con armas nucleares -- que incluya tres temas en la agenda. En primer lugar, se debe revisar la noción de que los Estados que no cuentan con armas nucleares tienen el derecho a acceder a la tecnología nuclear. En segundo lugar, se debe invertir la carga de la prueba para los supuestos violadores del TNP. En lugar de pedir a la Junta de Gobernadores de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) que llegue a un acuerdo unánime para poder actuar, como sucede actualmente, deberá haber una suspensión automática de asistencia nuclear para aquellos Estados que la organización no pueda garantizar estén en pleno cumplimiento de los acuerdos de salvaguardia. Finalmente, el presupuesto anual de 130 millones de dólares para la OIEA deberá incrementarse sustancialmente para que la organización pueda cumplir satisfactoriamente con sus labores de monitoreo y salvaguardia.

Asegurar el abasto de energía y el cuidado del medio ambiente

La dependencia de Estados Unidos del petróleo extranjero constituye una vulnerabilidad estratégica crucial. Estados Unidos es responsable del 25% de la demanda global de petróleo, pero posee únicamente el 3% de las reservas mundiales probadas. La mayoría de las reservas conocidas del mundo se encuentra en el Golfo Pérsico, en manos de dictadores o de compañías petroleras nacionalizadas. Los terroristas conocen nuestra vulnerabilidad: si hubiera tenido éxito la tentativa de ataque suicida en una refinería saudita, en febrero de 2006, el precio mundial del barril de petróleo se habría elevado por encima de los 150 dólares. La transferencia de la riqueza estadounidense al Medio Oriente, mediante compras continuas de petróleo, ayuda a sostener las condiciones bajo las cuales se desarrolla el extremismo, y la quema del petróleo y otros combustibles fósiles acelera el calentamiento global, un peligro cada vez mayor para nuestro planeta.

Mi estrategia energética nacional equivale a una declaración de independencia de nuestra subordinación a los jeques petroleros y de nuestra vulnerabilidad a sus políticas problemáticas. Esta estrategia incluirá el empleo de tecnología para ser más eficientes en la extracción y el consumo de energía, el cumplimiento de la conservación, la creación de incentivos de mercado para fomentar el desarrollo de fuentes alternativas de energía y vehículos híbridos, y la expansión de las fuentes de energía renovable. También aumentaré considerablemente el uso de la energía nuclear, un recurso energético con una emisión nula de contaminantes. Con los incentivos apropiados, nuestros innovadores, científicos, empresarios y trabajadores tienen la capacidad para guiar al mundo para que alcance la seguridad energética. Considerando lo que está en riesgo, deberán hacerlo.

He propuesto un plan bipartidista en el Senado estadounidense para enfrentar el problema del cambio climático y garantizar un futuro sostenible para la humanidad. Mi orientación, basada en el mercado, establecerá límites razonables para las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, ofrecerá a las industrias créditos de emisiones intercambiables y creará otros incentivos para el despliegue de nuevas y mejores fuentes de energía y tecnologías. Ya es tiempo de que Estados Unidos guíe al mundo en la protección del medio ambiente para las generaciones futuras.

Prepararse para liderar

Como presidente, haré del liderazgo económico estadounidense en el mundo globalizado del siglo XXI la pieza central de su compromiso con los temas internacionales. Hoy, desde Singapur hasta Sudáfrica, más gente que nunca ha abrazado nuestro modelo liberal capitalista de libertad económica y nuestra cultura de oportunidades. Algunos estadounidenses ven a la globalización y al crecimiento de gigantes económicos, como China y la India, como una amenaza. Debemos reformar nuestros programas de capacitación laboral y de educación para ayudar más eficazmente a que los trabajadores estadounidenses desplazados encuentren nuevos empleos que aprovechen el comercio y la innovación. Pero debemos seguir promoviendo el libre comercio, pues es vital para la prosperidad estadounidense. Los estadounidenses prosperarán en un mundo de libertad económica, porque nuestros productos y servicios siguen siendo los mejores y porque nuestro país saca fortaleza de los elementos que conforman la nueva economía global, las cuales van desde el ingreso de inversión extranjera hasta las nuevas empresas creadas por inmigrantes altamente calificados. Los estadounidenses pueden confiar en que un mundo de libertad política y económica sostendrá nuestro liderazgo global, promoviendo nuestros valores y aumentando nuestra prosperidad. Para unirnos con amigos y aliados en una prosperidad común, como presidente promoveré tenazmente la liberalización del comercio global en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y expandiré los tratados de libre comercio de Estados Unidos con países amigos en cada uno de los continentes.

El liderazgo estadounidense ha ayudado a construir un mundo más seguro, más próspero y más libre que nunca. Nuestra inigualable forma de liderazgo -- la antítesis del imperio -- nos da credibilidad moral, algo que es más poderoso que cualquier demostración de fuerza. Somos ricos en gente y en recursos, pero aún más ricos en ideales y en visión, así como en los medios para alcanzarlos. Sin embargo, gran parte del mundo actual ha llegado a desafiar nuestras acciones y a dudar de nuestras intenciones. Las encuestas indican que Estados Unidos es más impopular ahora que en cualquier otro momento de la historia y que se le ve cada vez más como un país que busca únicamente su propio interés. La gente que tiene estos puntos de vista está equivocada. Somos una nación especial, lo más cercano a "una ciudad reluciente asentada en una colina" que haya existido jamás. Pero es nuestra obligación restaurar nuestra posición como líder mundial, reestablecer nuestra credibilidad moral y reconstruir aquellas relaciones dañadas que alguna vez llevaron tanto bien a muchos lugares.

Como presidente, buscaré tener el círculo de aliados más amplio posible mediante la Liga de las Democracias, la OTAN, la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Durante el despliegue de misiles nucleares de mediano alcance en tiempos de Ronald Reagan, y en la Guerra del Golfo con el presidente George H. W. Bush, a Estados Unidos se le unieron grandes coaliciones, a pesar de la considerable oposición a las políticas estadounidenses reinante entre las opiniones públicas extranjeras. Estas alianzas se dieron porque Estados Unidos había cultivado de manera cuidadosa sus relaciones y compartía valores con sus amigos en el extranjero. El trabajo multilateral puede ser una experiencia frustrante, pero enfrentar los problemas con aliados funciona mucho mejor que encararlos solos.

Hace casi dos siglos, James Madison declaró que "la gran lucha de la época" se dio "entre la libertad y el despotismo". Muchos pensaron que esta lucha terminó con la Guerra Fría, pero no fue así. Ha tomado nuevas formas, tales como terroristas islámicos, que utilizan nuestros avances tecnológicos para sus planes asesinos, y autócratas resurgentes, que son una reminiscencia del siglo XIX. Los terroristas internacionales, capaces de provocar la destrucción masiva, son un nuevo fenómeno. Sin embargo, lo que buscan y lo que defienden es tan antiguo como el tiempo mismo. Son parte de una lucha mundial política, económica y filosófica entre el futuro y el pasado, el progreso y la reacción, la libertad y el despotismo. Nuestra seguridad, nuestra prosperidad y nuestro estilo de vida democrático dependen del resultado de esa lucha.

Thomas Jefferson argumentaba que Estados Unidos era "la república solitaria del mundo, el único monumento de los derechos humanos y el único depositario del fuego sagrado de la libertad y el autogobierno, desde donde deberá encenderse en otras regiones de la Tierra, si otras regiones de la Tierra alguna vez se vuelven susceptibles a su influencia benigna". Desde entonces, hace dos siglos, cuando Estados Unidos era la "república solitaria del mundo", más gente que nunca antes ha quedado bajo la "influencia benigna" de la libertad. La protección y la promoción del ideal democrático, dentro y fuera del país, será la fuente más confiable de seguridad y de paz para el siglo que tenemos por delante. El próximo presidente de Estados Unidos debe estar listo para liderar, listo para mostrar a Estados Unidos y al mundo que los mejores días de este país están por llegar y listo para establecer una paz duradera basada en la libertad, que pueda salvaguardar la seguridad estadounidense por el resto del siglo XXI. Yo estoy listo.

* Senador de los Estados Unidos y candidato presidencial por el Partido Republicano.

LA MIGRACIÓN Y LAS ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS


Andrew Selee

La migración se ha convertido en uno de los principales temas de la campaña presidencial en Estados Unidos en 2008, pero, al igual que todo lo demás en esta campaña, ha tomado rumbos inesperados. La creencia más compartida, tanto por los candidatos como por los analistas, ha sido que el público en general desconfía de la migración y que, frente a las preocupaciones sobre la seguridad y la desaceleración de la economía, la mayor parte de los votantes querría que los políticos asumieran una posición firme en contra de los migrantes. La mayoría de los candidatos presidenciales republicanos respondió a esta percepción con la adopción de posiciones duras en contra de la migración. Esto incluyó a dos ex gobernadores y a un alcalde que previamente habían impulsado políticas favorables a la migración. Al mismo tiempo, los candidatos presidenciales demócratas buscaron, en gran medida, minimizar su apoyo a la reforma migratoria y maximizar su apoyo a la seguridad fronteriza.

Sin embargo, la creencia común parece estar equivocada, al menos en parte. Los únicos tres candidatos que quedaban en la contienda a principios de abril tienen tras de sí una larga historia de apoyo al tipo de reforma migratoria integral que crearía nuevas visas para trabajadores temporales, regularizaría a los trabajadores indocumentados que ya están en Estados Unidos y fortalecería la aplicación de la ley para obligar a los futuros flujos migratorios a que pasaran por estos canales legales. Esto quizá es menos sorprendente en el caso del Partido Demócrata, en el que la mayoría de los candidatos, incluidos los dos contendientes que quedan, los senadores Hillary Clinton y Barack Obama, había expresado algún tipo de apoyo a la reforma migratoria, aun si dicho apoyo se expresó en términos poco contundentes al principio. No obstante, lo que sí es una sorpresa significativa es que, en el Partido Republicano, el único candidato de peso que ha apoyado e incluso liderado esfuerzos en pro de la reforma migratoria, el senador John McCain, es ahora, presumiblemente, el candidato presidencial del partido. A pesar de las predicciones que auguraban que el enojo de los votantes con respecto a la migración sería uno de los temas principales de las elecciones, esto parece no haber sucedido.

Es demasiado pronto para saber qué curso tomará la política migratoria en el nuevo gobierno. Si bien es casi seguro que los candidatos presidenciales de los principales partidos serán fuertes promotores de la reforma migratoria, las campañas electorales para el Congreso podrían tomar un rumbo distinto en los próximos meses, hasta el punto de dificultar cualquier esfuerzo reformista. El tema de la migración genera fuertes pasiones en dos bandos distintos en Estados Unidos: entre aquellos que quieren ampliar los canales legales para la migración y aquellos que quieren limitarlos, y muchos de los candidatos al Congreso optarán, seguramente, por un lado u otro de este debate. La forma como se trate este asunto en las campañas electorales para el Congreso ayudará a determinar el margen de maniobra que tendrá el nuevo presidente para fijar su política. Sin duda, es un paso positivo que los sentimientos antimigración más estridentes que, en su momento, formaron parte de la campaña presidencial parezcan haber pasado a un segundo plano, pero esto no es garantía de que el clima en el Congreso, que es quien a fin de cuentas tiene la autoridad para legislar en esta materia, mejore en comparación con el que ha prevalecido en los últimos años.

Política de coaliciones y migración

Las visiones del público sobre la migración en Estados Unidos son generalmente muy difíciles de entender y, con frecuencia, combinan opiniones aparentemente contradictorias. Según las encuestas, los estadounidenses, en su mayoría, tienen una buena percepción de los inmigrantes pero sienten que hay demasiados en el país. Creen que es mejor ofrecer oportunidades para solicitar el estatus de residente (y, algún día, de ciudadano) a los migrantes indocumentados, en vez de deportarlos, pero rechazan el concepto de la "amnistía". No piensan que construir un muro a lo largo de la frontera con México consiga el objetivo de reforzarla, pero, en general, quieren ver más seguridad fronteriza. Cuando se les presentan los principios incluidos en una reforma migratoria integral, la mayoría de los estadounidenses los apoya, pero algunas propuestas para endurecer las medidas contra la migración indocumentada también generan un respaldo mayoritario. La manera en que se formulan las preguntas sobre migración afecta frecuentemente las respuestas que da la gente. En suma, la migración es un tema con respecto al cual buena parte del público se muestra ambivalente o confundido.

Quizá no sorprenda que, en los lugares donde vive la mayoría de los migrantes -- grandes ciudades que son destinos tradicionales para estos flujos -- , los estadounidenses estén más familiarizados con los migrantes. Donde la migración es un fenómeno más nuevo, frecuentemente en ciudades más pequeñas del sur y el medio oeste, así como en áreas rurales y suburbios periféricos a lo largo y ancho del país, los ciudadanos estadounidenses tienden a expresar mayores resentimientos con respecto a los cambios que ha traído la migración reciente. En este momento, los niveles de migración en Estados Unidos son inusualmente altos -- prácticamente uno de cada ocho estadounidenses nació en otro país, la cifra más alta desde las primeras dos décadas del siglo XX -- ; pero parece que no es la tasa migratoria la que hace surgir los sentimientos antimigrantes, sino la percepción de que la llegada de extranjeros genera cambios económicos y culturales en las nuevas zonas de migración. Los cambios se han acentuado más en años recientes por la sensación de incertidumbre que priva con respecto a la economía estadounidense. Donde la migración es menos común, los trabajadores nacidos en esas localidades frecuentemente culpan a las nuevas oleadas de migrantes de las perturbaciones del mercado.

Un análisis más profundo de la política migratoria en Estados Unidos demuestra que ésta nunca ha respondido a los intereses de la opinión pública en su conjunto, sino que ha dependido de la política de coaliciones de minorías políticamente activas. Como ha demostrado Aristide Zolberg en su libro A Nation of Immigrants (Una nación de inmigrantes), casi todos los cambios en la política migratoria en la historia estadounidense pueden identificarse con la política de coaliciones de los principales partidos políticos con grupos de migrantes o con sectores específicos de la población que se sienten amenazados por la migración. Para la mayoría de los votantes, la política migratoria es bastante abstracta (y un asunto menor con respecto a otras consideraciones políticas), pero para los grupos de migrantes y sus descendientes, la política migratoria es mucho más importante, al igual que lo es para aquellos que sienten amenazados su bienestar o su forma de vida por el cambio. Estos grupos tienden a liderar la discusión sobre política migratoria. En cambio, el público en general tiene visiones contradictorias que pueden modificarse según la forma que tome el debate.

Las encuestas sugieren, en general, que los votantes republicanos y demócratas no difieren sustancialmente en sus visiones sobre la migración, aunque los votantes demócratas tienden a estar a favor de la regularización de los trabajadores indocumentados más que los republicanos, mientras que los republicanos tienden a apoyar más los programas de trabajadores temporales. Sin embargo, la forma en que se desarrolla la política de coaliciones en torno a la migración difiere enormemente entre los dos partidos. En distintos momentos de la historia, cada partido ha buscado construir coaliciones con grupos de migrantes recién llegados y sus descendientes, pero, en décadas recientes, ese papel lo han asumido más agresivamente los demócratas. Esto se ha vuelto más evidente debido a que los demócratas se han convertido, progresivamente, en el partido de las áreas urbanas más importantes. En particular, los demócratas cuentan con dos grupos clave como parte de sus bases de apoyo que están fuertemente a favor de la reforma migratoria: las organizaciones latinas y los sindicatos.

Si bien la gran mayoría de los votantes latinos nació en Estados Unidos y, por lo tanto, no se ve afectada personalmente por los cambios en la política migratoria, el tema tiene un fuerte valor simbólico, especialmente porque buena parte de las críticas recientes hacia los migrantes indocumentados ha derivado en un lenguaje que podría percibirse como agresivo hacia las personas de origen latinoamericano en general. Además, los migrantes de América Latina son ahora una proporción más importante de la población latina en Estados Unidos que en ningún otro momento de la historia reciente, lo que ha forzado a los líderes de las organizaciones hispanas establecidas a considerar la migración como un tema cada vez más importante para sus representados. Los latinos representan entre el 6.5% y el 8% de todos los votantes, según el Pew Hispanic Center, y un número mucho mayor en varios estados con peso político, como California, Texas, Illinois, Arizona, Colorado, Nevada y Nuevo México.

Los sindicatos, otro socio importante en la coalición demócrata y una fuente de importantes recursos para la movilización en época de elecciones, también se han convertido en los principales promotores de la reforma migratoria, después de años de oponerse a ella. El movimiento obrero tradicionalmente había visto a los migrantes como una amenaza para los sueldos de los trabajadores. Sin embargo, en años recientes, varios de los sindicatos más poderosos del país han revaluado sus visiones sobre este tema, dado que los trabajadores nacidos en el exterior van formando una parte cada vez más importante de los trabajadores sindicalizados, y muchos sindicatos (aunque no todos) se han convertido en fuertes promotores de la regularización de trabajadores indocumentados.

Por otro lado, los republicanos se han convertido en el partido dominante en el sur y el medio oeste, así como en áreas rurales y en suburbios periféricos, regiones que antes eran mayoritariamente blancas (o divididas entre blancos y negros) y ahora son progresivamente nuevos puertos de entrada para las migraciones latinoamericanas. Éstas son, precisamente, las áreas en las que la migración reciente ha generado resistencia y en donde se han formado los grupos antimigrantes. Estos grupos son una base pequeña pero muy activa dentro del Partido Republicano y reflejan los sentimientos de aprensión de un sector importante de los votantes que normalmente se alinean con ese partido. También hay una base significativa de votantes republicanos vinculados al sector empresarial que piensa que la migración es saludable para el crecimiento económico del país, pero este sector ha sido menos visible en los últimos años que las bases antimigrantes del partido, especialmente en la política local.

El presidente Bush y su principal asesor político, Karl Rove, buscaron acercarse a los votantes latinos por medio de su impulso a la reforma migratoria. Como resultado de estos esfuerzos, que incluyeron un intento de negociación de un acuerdo con México en los primeros meses de su gobierno, el presidente Bush consiguió ganar más de 40% de los votos latinos en su campaña para obtener la reelección en 2004. Pero las fuerzas antimigración dentro del partido volvieron al ataque y ayudaron a descarrilar la reforma migratoria en 2006. Prominentes miembros republicanos de la Cámara de Representantes incluso consiguieron la aprobación de una iniciativa de ley antimigración que hubiera criminalizado a los indocumentados y a aquellos que los ayudaran, aunque no obtuvo el apoyo necesario en el Senado. Como resultado, el Partido Republicano ganó sólo 30% de los votos latinos en las elecciones legislativas de ese año, según la investigación que realizó David Ayón de Loyola Marymount University. Eso terminó, en buena medida, con el intento del presidente Bush para ampliar la coalición republicana con la inclusión de un número significativo de votantes latinos.

No es difícil encontrar demócratas que estén en contra de la migración o republicanos que estén a favor de la reforma migratoria. Algunos intentos recientes por aprobar una reforma migratoria integral en el Congreso estadounidense consiguieron reunir a importantes figuras de ambos partidos, liderados, sobre todo, por el senador republicano John McCain y por el senador demócrata Edward Kennedy, y recibieron el apoyo del gobierno de Bush. No obstante, la política de coaliciones moldea las expectativas de muchos líderes, especialmente en época de elecciones. Como resultado, este año todos los candidatos presidenciales demócratas manifestaron cuando menos un apoyo cauto a las políticas pro migración, para subrayar su preocupación por un tema que se considera importante para los votantes latinos y para algunos sindicatos, aunque evitaron dar detalles sobre su posición para no motivar una reacción adversa de los votantes antimigración en la elección general. Todos los republicanos, con excepción del senador McCain, escogieron la estrategia opuesta, al asumir una posición inflexible consistente en pedir límites a la migración y medidas para reforzar la frontera, sin importar sus opiniones y votaciones previas o sus preferencias personales sobre el tema.

Lo que dicen los candidatos sobre la migración

La posición del senador McCain sobre el tema migratorio bien puede haberle costado el apoyo de algunos miembros de las bases de su partido, pero no le habrá costado tanto como para perder la nominación. Bien puede ser que, virtualmente, haya ganado la nominación mostrando su carácter, como dicen sus seguidores, o que el resto de los candidatos simplemente probó tener demasiadas fallas como para convencer a los votantes, como han dicho otros comentaristas, pero, en general, se ha mantenido firme en su apoyo a la reforma migratoria integral, a pesar de la oposición de algunos sectores de las bases de su partido. Sin embargo, ahora tiene que empezar a atraer a los elementos más conservadores del Partido Republicano, quienes siguen siendo escépticos con respecto a sus credenciales conservadoras, y queda por verse si sus puntos de vista sobre la migración se verán minados conforme avance. Puede haber pocas dudas sobre las credenciales del senador McCain como un promotor de la reforma migratoria, pero puede encontrarse a sí mismo como rehén de un partido que es menos entusiasta con respecto a su compromiso con este tema. En sus declaraciones más recientes, parece haber moderado ligeramente su apoyo y ha puesto énfasis en la necesidad de reforzar la seguridad fronteriza antes de buscar la regularización o nuevas visas, en un intento aparente por apaciguar a algunos que, en la base republicana, desaprueban su posición sobre este tema.

Los dos demócratas que quedan en la campaña por la nominación presidencial de ese partido tienen antecedentes de haber apoyado la reforma migratoria y, gracias al peso del voto latino y sindical en algunos estados, han reafirmado esta posición cada vez más claramente, conforme han ido buscando la candidatura del partido. Sin embargo, está por verse si seguirán siendo tan firmes en sus opiniones sobre este tema una vez que empiece la campaña para la elección general y cuando quien resulte el candidato oficial tenga que convencer a aquellos votantes que se muestran escépticos frente a los niveles actuales de migración. La senadora Clinton ha apoyado durante mucho tiempo la reforma migratoria integral y ha construido una impresionante base de apoyo entre los votantes latinos de diversos estados. El senador Obama, hijo de un inmigrante africano y de una ciudadana estadounidense, se ha manifestado a favor de la reforma migratoria, ha auspiciado iniciativas legislativas para reducir los costos de los documentos migratorios y el año pasado asumió un papel activo en las negociaciones para aprobar una reforma migratoria integral. Asimismo, ha construido una importante base de apoyo entre los nuevos líderes latinos, incluyendo a muchos dentro del movimiento obrero. Si bien ambos apoyan claramente los esfuerzos para llevar a cabo la reforma migratoria y los dos tienen importantes vínculos con organizaciones latinas y con el movimiento obrero, aliados que podrían inclinarles a hacerlo, todavía no está claro si le darán prioridad al tema.

Una presidencia de McCain con un Congreso de mayoría demócrata podría permitir que se construyeran alianzas entre los partidos para aprobar la reforma migratoria, al igual que lo haría una victoria demócrata masiva con Obama o Clinton como presidente y una mayoría demócrata amplia en el Congreso. Sin embargo, mucho dependerá, en última instancia, de cómo se trate el tema de la migración en las campañas para el Congreso que están por iniciar en todo el país. Aunque el presidente en Estados Unidos tiene una importante y poderosa plataforma desde la cual puede fijar las prioridades nacionales, tiende a hacerlo dentro de los límites de lo que cree que permitiría su coalición política. Si los grupos pro o antimigración pueden adquirir cierta inercia en este debate durante las elecciones para el Congreso en todo el país, esto enviará una poderosa señal sobre los márgenes que tiene el presidente para actuar. Es poco probable que se tomen decisiones sobre este tema con base en la presión que pueda ejercer la opinión pública en su conjunto, sino que, seguramente, el próximo presidente lo hará con base en su percepción de la política de alianzas de grupos importantes dentro de su base de apoyo. Es improbable que una presidenta Clinton o un presidente Obama o McCain busque restringir aún más la migración que llega a Estados Unidos -- una posibilidad real con alguno de los otros candidatos que ya no están en la contienda -- , pero tampoco es seguro que el próximo presidente haga de la reforma migratoria una prioridad legislativa.

La reforma del sistema migratorio

A pesar de los miedos de los políticos sobre cómo lidiar con la política migratoria, ésta sigue siendo uno de los retos más urgentes del país. En gran medida, el sistema migratorio estadounidense, tal como existe actualmente, se remite a una gran reforma que se llevó a cabo en 1965, durante el movimiento de derechos civiles en ese país. El sistema, que otorga una cuota idéntica de visas a diferentes países en todo el mundo, se consideró como muy progresista entonces porque ayudó a eliminar las restricciones que estaban en vigor y que afectaban los flujos migratorios provenientes de países en desarrollo. No obstante, hoy este sistema es poco congruente, tanto con los flujos migratorios que llegan a Estados Unidos y que son mayormente latinoamericanos, como con las necesidades de la economía estadounidense, que necesita mano de obra tanto de baja como de alta calificación para cubrir las necesidades del mercado laboral. Ya que el sistema de cuotas existente limita el número de visas para los países latinoamericanos muy por debajo de la demanda y, además, reserva casi todas estas visas para la reunificación familiar, casi no hay canales legales para que los latinoamericanos vayan a Estados Unidos a trabajar. Como también hay una demanda significativa en el mercado laboral estadounidense de trabajadores migrantes, el resultado ha sido un vasto flujo de migrantes indocumentados, que, según se estima, ahora equivalen a 12 millones de personas o 3% de la población estadounidense, principalmente procedentes de América Latina. El reto para los legisladores estadounidenses es cómo crear un nuevo sistema migratorio que tome en cuenta las necesidades económicas y demográficas del siglo XXI, resuelva sobre el estatus de aquellos que ya están en Estados Unidos sin documentos y cree mecanismos efectivos de aplicación de la ley para asegurarse de que el nuevo sistema se respete.

En 2006 y en 2007, los esfuerzos para reformar el sistema migratorio estadounidense fracasaron tras extensas negociaciones bipartidistas en el Congreso. La primera vez, se aprobó en el Senado una iniciativa de ley para la reforma integral, pero nunca se sometió a votación en la Cámara de Representantes, en donde no tenía oportunidad alguna de ser aprobada. El año pasado, un grupo bipartidista de senadores, incluidos los senadores McCain y Obama, llegó a un acuerdo sobre una iniciativa de ley que recibió el apoyo de la mayoría, pero no pudieron sobreponerse a un filibuster, una técnica legislativa utilizada en el Senado que permite extender el debate sobre una propuesta con el fin de evitar que se someta a voto. Entretanto, el Congreso estadounidense aprobó una ley para construir un muro a lo largo de la frontera con México. Aunque éste era, originalmente, un intento de quienes están a favor de restringir la migración para endurecer la posición estadounidense sobre los cruces fronterizos, muchos proponentes de la reforma migratoria, incluidos los senadores Obama, Clinton y McCain, apoyaron la iniciativa pensando que les daría el margen de maniobra necesario para aprobar una segunda iniciativa que cambiara por completo el sistema migratorio. A cambio de su apoyo, los reformadores obtuvieron concesiones que redujeron el muro físico de 700 millas (aproximadamente un tercio de la frontera) a 370 millas.

Es probable que haya un nuevo intento por aprobar una reforma migratoria integral en 2009, una vez que el nuevo presidente y el Congreso tomen posesión de sus cargos. Pero el alcance de las propuestas y sus posibilidades de éxito dependerán, en gran medida, de cómo se trate este tema en las campañas para el Congreso en este año. Esto también influirá en los detalles de cualquier propuesta, lo cual es de suma importancia. La iniciativa de ley que casi se aprobó en el Senado el año pasado se enmendó para incluir sólo 200 000 visas de trabajo nuevas, una fracción mínima del número de personas que llega a Estados Unidos sin documentos cada año y, por lo tanto, difícilmente hubiera tenido grandes consecuencias sobre el flujo futuro de trabajadores indocumentados. La iniciativa también buscaba crear un sistema de preferencias para aquellos que hablan bien inglés y tienen niveles de educación más altos, lo que, de hecho, hubiera excluido a muchos migrantes latinoamericanos para favorecer a los provenientes de Europa, África y Asia, según un estudio que llevó a cabo el Migration Policy Institute. Por lo tanto, aun si la reforma migratoria avanza, su naturaleza será muy importante y estará influenciada por la política de coaliciones que surja del ciclo electoral actual.

Con la continua falta de acción del gobierno federal para reformar un sistema migratorio ya caduco, los gobiernos estatales y locales en Estados Unidos seguirán diseñando y aplicando sus propias políticas migratorias dentro de su limitado rango de opciones. Algunos estados han buscado privar a los migrantes indocumentados del acceso a los servicios públicos, incluidos los servicios de salud y las licencias de conducir, mientras que otros han buscado asegurarse de que éstos puedan tener acceso a dichos servicios, incluida la educación superior, sin importar su estatus legal. Algunas ciudades y pueblos han penalizado que se alquilen departamentos y casas a los migrantes indocumentados, mientras que otros han otorgado el voto a todos sus residentes sin importar su estatus legal. Mientras el presidente y el Congreso no lleguen a un acuerdo sobre la legislación migratoria, los gobiernos estatales y locales responderán a las presiones de coaliciones locales con la creación de una amalgama de leyes sobre migración con consecuencias desafortunadas para la economía estadounidense, para el bienestar de los migrantes y para la imagen de Estados Unidos en el exterior.

De igual forma, el gobierno federal seguirá aplicando un conjunto de políticas diseñadas para endurecer la aplicación de la ley en los lugares de trabajo y en la frontera. Irónicamente, muchas de estas medidas, incluidas las redadas frecuentes contra empleadores que contratan trabajadores migrantes, las instrumentó el gobierno del presidente Bush con la esperanza de conseguir apoyos para la reforma integral. Al final, sin embargo, la reforma fracasó y estas medidas se han mantenido, tratando de hacer cumplir una ley migratoria que ya no funciona y complicando la vida de los migrantes indocumentados y, en muchos casos, también la de los documentados, a quienes las autoridades tratan como sospechosos sin importar su estatus migratorio real.

Migrantes y reforma migratoria

Uno de los cambios recientes que se ha discutido poco en Estados Unidos es el surgimiento de nuevos líderes migrantes, quienes buscan desempeñar un papel más amplio en los debates públicos sobre migración. Aunque las manifestaciones de migrantes, que movilizaron entre 3 y 5 millones de personas en la primavera de 2006, tuvieron poco impacto en el cambio de las leyes, fueron una muestra del amplio tejido de organizaciones y liderazgos nuevos que están surgiendo en las comunidades migrantes y sirvieron para politizar a muchos grupos que aún no habían participado en el debate. Las organizaciones de migrantes latinoamericanos, que muchas veces son distintas de las organizaciones latinas tradicionales, aunque a veces tienen alianzas estrechas con ellas, están empezando a ser una voz importante en la política local en muchos lugares a lo largo y ancho de Estados Unidos, y pueden tener un papel crucial a la hora de ejercer presión para que cambien las leyes migratorias. También hay liderazgos migrantes fuertes en las organizaciones latinas tradicionales, las iglesias, las cámaras de comercio locales y algunos de los sindicatos. Cada vez hay más migrantes con estatus de ciudadanos y ambos partidos ansían contar con su voto.

Es irónico que uno de los temas más importantes que vincula a los países latinoamericanos con Estados Unidos -- la migración -- no se preste fácilmente a ser parte de las conversaciones de política exterior, ya que se rige casi exclusivamente por la política de coaliciones en el plano interno. Pero el que esos migrantes que llegaron de América Latina pudieran quizás llegar a inclinar la balanza a favor de la reforma migratoria, como bien lo han hecho otros grupos de migrantes en la historia de ese país, es una prueba de cómo la migración está reconfigurando a Estados Unidos.

PAX AMERICANA EN SUDÁN: ¿UN MODELO PARA EL SAHARA Y ORIENTE MEDIO?


Carlos Ruiz Miguel

Lo cierto es que había razones para ocuparse de Sudán. De entrada, desde hace más de medio siglo (con una pausa entre 1972 y 1983) Sudán viene sufriendo una guerra civil que enfrenta al Norte árabe y musulmán (de orientación fundamentalista), tradicional explotador de las riquezas del país, contra el Sur negro animista y cristiano, tradicional explotado. La guerra ha costado, sólo desde 1983, entre un millón y medio y dos millones de muertos, pero esta inmensa tragedia no ocupó apenas líneas en la prensa internacional, occidental o árabe (como tampoco la hecatombe angoleña): ¿acaso porque los muertos eran en su mayoría negros africanos? Además, en segundo lugar, para hacer aún más incomprensible este olvido, Sudán ha albergado a un partido, el FNI (Frente Nacional Islámico) de Hasan al Turabi, que ha intentado actuar como catalizador de todos los movimientos integristas del mundo. Y, por si fuera poco, el conflicto de Sudán es la causa de una desestabilización regional que afecta a Uganda, Eritrea y Etiopía. En el pasado, Sudán apoyó a guerrillas en Eritrea y Etiopía para dinamitar la posibilidad de una gran Etiopía cristiana que actuara como tapón de la expansión islámica sustituyéndola por un archipiélago de Estados islámicos. En la actualidad, Uganda y Eritrea apoyan a la guerrilla sudista y Sudán, por su parte, apoya a la guerrilla denominada Ejército del Señor (extraña guerrilla supuestamente integrista cristiana, pero que es un instrumento del régimen sudanés) que combate al gobierno ugandés.

Esta pavorosa guerra parece que sólo ha encontrado un final después de los acontecimientos del 11 de septiembre. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Pues, en primer lugar, que EEUU se ha tomado más en serio que nunca el terrorismo islamista, y que el gobierno de Sudán es uno de los países que más han apoyado el terrorismo islámico, por lo que la ayuda norteamericana al Sur y la presión sobre el Norte se han acrecentado; en segundo lugar, que en el Sur de Sudán se han descubierto importantes yacimientos petrolíferos; y, en tercer lugar, que EEUU quiere dejar de depender del petróleo saudí. En estas circunstancias se explica que Estados Unidos se haya implicado en una guerra civil “olvidada” pese a su brutal coste de muerte y sufrimiento.

El proceso de paz introducido por Estados Unidos

Tras el 11-S, Estados Unidos comenzó su mediación en el conflicto sudanés patrocinando unas conversaciones en Suiza que condujeron a la declaración de una tregua por seis meses en la región de los montes de Nubia (Sudán central) en enero de 2002 y a un acuerdo de libre tránsito de la ayuda humanitaria. Para verificar esta tregua se estableció una “Misión Conjunta de Supervisión” (en la que también participa Francia). El alto el fuego en los montes de Nubia se renovó por otros seis meses en junio de 2002 (hasta el 19 de enero de 2003). En diciembre se ha pactado una nueva prórroga de otros seis meses adicionales.

Poco después, EEUU patrocinó unas conversaciones de paz entre las partes para todo Sudán que comenzaron en junio en Machakos, cerca de la capital de Kenia, Nairobi. Estas negociaciones están enfrentándose a numerosos obstáculos, cuyo denominador común es que son empleados por las partes con el objetivo de reforzar sus posiciones de cara al futuro. Las negociaciones entre el gobierno de Sudán y el MPLS concluyeron en su primera fase con la firma de un importante protocolo de acuerdo el 20 de julio (Machakos I). El protocolo de acuerdo de paz firmado por el presidente sudanés, Omar Al Bashir y el líder de la guerrilla sureña (el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, SPLA), John Garang, estableció un alto el fuego, el compromiso de negociar una nueva organización política en Sudán y un referéndum de autodeterminación. El acuerdo también suponía el compromiso de abrir un periodo transitorio de 6 años antes del referéndum, durante el cual la estructura política de Sudán va a cambiar notablemente. Entre otras cosas, en ese tiempo el Sur va a contar con un Estatuto de autonomía y la sharia (ley islámica) no se aplicará en esta zona. Pasados esos seis años, en el Sur se celebrará un referéndum de autodeterminación en el cual se podrá escoger entre continuar integrados en Sudán o crear un nuevo Estado independiente. Como consecuencia de este primer acuerdo, el 12 de agosto se reanudaron las conversaciones para configurar la forma política del Sudán durante el periodo transitorio de 6 años. Se propuso, en este sentido, que el Ejecutivo siguiese presidido por el actual presidente sudanés, Omar Al Bashir, y que actuase como vicepresidente el jefe del SPLA, John Garang. Por lo que se refiere al Parlamento, se planteó que el actual legislativo siguiese funcionando en los próximos 18 meses, si bien a los 40 diputados del Sur que actualmente se hallan presentes en una Cámara de 360 miembros, se les sumarían otros 183 representantes del SPLA. Después de estos 18 meses, previsiblemente se conformaría un parlamento bicameral de corte federal. El acuerdo de Machakos I se puso en peligro cuando se reanudaron los combates, ya que las partes quisieron ocupar las zonas más ricas en petróleo en el Alto Nilo. El 31 de agosto, los rebeldes (apoyados por Eritrea, país prooccidental) se apoderaron de Torit, importante guarnición que vigila el nudo de comunicaciones que conduce a Juba, el cuartel general de las fuerzas gubernamentales en la región, pero Jartum recuperó la ciudad el 7 de octubre. Desde el 17 de octubre de 2002 se restableció el alto el fuego en todo el territorio.

Las presiones norteamericanas sobre Jartum se incrementaron. El 21 de octubre, el presidente Bush firmó la Ley para la Paz en Sudán (Sudan Peace Act). En virtud de la misma, para presionar al gobierno de Jartum a que negocie la paz, se permite la adopción de medidas ciertamente disuasorias: bloqueo de los ingresos por la venta de petróleo y de los préstamos multilaterales, embargo de armas, reducción de vínculos diplomáticos, congelación de haberes de sociedades sudanesas en Norteamérica y, sobre todo, financiación de las fuerzas rebeldes con 100 millones de dólares anuales en los tres próximos años. Ciertamente, algunas de esas medidas pueden ser prácticamente simbólicas (como la congelación de haberes de sociedades sudanesas en Estados Unidos, ya que no existen) o de escasa operatividad (como el bloqueo de ingresos por venta del petróleo y de los préstamos multilaterales, que sólo es posible si están implicadas empresas norteamericanas), pero la eficacia de estas medidas podría llegar a ser relevante si se aplica el criterio de la ley Helms-Burton: perseguir en Estados Unidos a las empresas que comercien con el petróleo sudanés.

Bajo esta presión no puede extrañar que poco después, el 26 de octubre, se llegara a un segundo acuerdo en virtud del cual se eliminaban todas las restricciones para la ayuda humanitaria (que se encaminaba a lugares hasta ahora de acceso prohibido) a las poblaciones víctimas del hambre, la desnutrición y la malaria. El acuerdo beneficiaba al Norte, pues el MPLS ponía así fin a la actividad bélica que obstaculizaba las operaciones de extracción y transporte en algunos puntos del Sur controlados por el gobierno sudanés. Pero también beneficiaba al Sur, ya que se eliminaban todas las restricciones a la ayuda humanitaria, que según el gobierno de Jartum servían también para el aprovisionamiento de armas a los rebeldes.

El proceso ha continuado con un nuevo acuerdo parcial, el tercero, en Machakos el 18 de noviembre. En virtud del mismo, se declara el alto el fuego hasta marzo de 2003, se pacta un reparto de las riquezas del país (aunque sin determinar la cuota que corresponde a cada parte) y se adquiere el compromiso de continuar las conversaciones el 6 de enero de 2003 para llegar a un acuerdo definitivo. Simultáneamente, en Heidelberg se llevó a cabo un coloquio (o negociaciones “técnicas”) para reflexionar sobre el nuevo marco constitucional aplicable en Sudán, concluido a mediados de diciembre.

Quedan, no obstante, importantes puntos sin determinar. Políticamente, el Sur ha solicitado una presidencia rotatoria del país: los tres primeros años del período transitorio, el presidente sería Omar Al Bashir y los tres siguientes, Garang. En caso de que se rechace la presidencia rotatoria, el Sur reclama una co-presidencia, en la que Garang, teóricamente vicepresidente, tenga veto sobre las decisiones del presidente. Económicamente, mientras el Norte ofrece al Sur sólo el 10% de los ingresos petrolíferos, el Sur ha declarado que no aceptará menos del 60%, ya que casi todos los yacimientos están en el sur.

Las contrapresiones de la Liga Árabe y de Francia

Las fortísimas presiones que emplea EEUU sobre el gobierno sudanés han incomodado seriamente a éste, que piensa que la gran potencia norteamericana ya ha tomado partido por los rebeldes del Sur y que en realidad no pretende otra cosa que dividir el país. De hecho, a comienzos de diciembre de 2002, los rebeldes sudistas han anunciado que van a emitir su propia moneda en competencia con la libra sudanesa acuñada por el poder central en Jartum. En la región sur, incluso se está generalizando la expresión “Nuevo Sudán” para denominar a este territorio como algo distinto del Sudán del Norte. Para hacer frente a la tremenda presión norteamericana en apoyo de los rebeldes del Sur, el gobierno sudanés árabe está intentando encontrar aliados a su causa. Hasta ahora, se han puesto de su lado Francia y la Liga Árabe.

El interés de Francia por Sudán es anterior al 11-S. Una delegación del Senado francés emprendió una visita al país del 6 al 12 de junio de 1998 tras la cual redactó un interesante informe. Francia, en una tradición que se puede remontar a los tiempos del emperador Carlos V, no ha dudado en aliarse con los países musulmanes cuando no ha podido liderar el bloque occidental. De ahí que los gobernantes sudaneses estén intentando implicar a Francia, el país europeo con relaciones más estrechas con el Irak de Sadam Husein, para contrarrestar el apoyo de Estados Unidos al Sur. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés dijo el 13 de diciembre que Francia reforzará su implicación en el proceso de paz sudanés, ya que el asunto es “importante”. Esa implicación se produce del lado de Jartum: entre finales de noviembre y principios de diciembre, Francia envió a su diplomático Christian Connan a la capital sudanesa para asesorar al gobierno sobre las garantías internacionales que acompañarán al tratado de paz que se está discutiendo. Francia también estuvo representada en el coloquio de Heidelberg por el jurista Remy-Granger. Y el 18 de diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores francés se entrevistó en París con Gazi Salaedín Atabani, consejero del presidente sudanés.

Por su parte, la Liga Árabe en la cumbre de Beirut de marzo de 2002 decidió la creación de un fondo especial de 450 millones de dólares para la reconstrucción del Sur sudanés. Sin embargo, la Liga Árabe aún no ha recibido ni una sola contribución de los países miembros. El secretario general de la Liga Árabe, Amir Musa, ha nombrado a un enviado especial personal suyo en Sudán, Nadia Makram-Ebeid, para mantenerse al tanto de la evolución del conflicto. Por otra parte, en diciembre se convocó una mesa redonda en la que participaron el ministro sudanés de Asuntos Exteriores, Alí Amín Fatak, los representantes de nuevos organismos árabes e islámicos de ayuda al desarrollo y el secretario general de la Liga. El objetivo era discutir los diversos proyectos de desarrollo en el Sur presentados por Jartum. En esta reunión se decidió, el 19 de diciembre, contribuir a la reconstrucción del Sur con el objetivo de ayudar a sus ciudadanos a creer en un Sudán unido.

Las consecuencias del proceso de paz en Sudán: ¿Un modelo para el Sahara Occidental?

Las consecuencias del eventual acuerdo definitivo de paz no sólo afectan a Sudán, con la importancia que ello supone, al ser el país más extenso de África. Las consecuencias del final de la guerra sudanesa son de un alcance mucho más amplio, pues afectan a Egipto, al mundo árabe y a África en general. Pero de esas posibles consecuencias, las que más interesan a España son las que podría tener sobre el conflicto del Sahara Occidental.

En primer lugar, el acuerdo afecta a la región del Nilo y, en especial, a Egipto, que no lo ve con buenos ojos. El Cairo firmó un tratado con Sudán en 1959 sobre la explotación de las aguas del Nilo, por el que Sudán se beneficia de 19’5 millones de litros cúbicos anuales, mientras que Egipto lo hace de 55’5 millones. En caso de que el Sur se constituya en un nuevo Estado, este reparto de las aguas tendría que replantearse de nuevo y, muy probablemente, Egipto recibirá un volumen de agua menor.

En segundo lugar, el acuerdo de paz patrocinado por EEUU no ha sido bien recibido en el mundo árabe, por cuanto supone la pérdida de un espacio importante de influencia que facilita la penetración de la civilización árabo-islámica en el África negra. Un Sur sudanés independiente aislaría a los musulmanes de Etiopía, Uganda y Kenia del contacto con los fundamentalistas sudaneses. Para valorar la importancia de este aislamiento no está de más recordar que Al-Qaida ha operado varias veces en Kenia.

En tercer lugar, finalmente, el posible acuerdo de paz en Sudán también proyecta sus consecuencias sobre otros conflictos de África, en especial, el del Sahara Occidental. La pretensión anexionista de Marruecos se ha intentado argumentar con dos ideas: la de la consecución de la “estabilidad” en el Magreb y la de impedir la “balcanización” de la región. La primera se ha demostrado muy poco creíble, pues resulta un sarcasmo que Marruecos pretenda anexionarse el Sahara so pretexto de asegurar la “estabilidad” en el Magreb, al mismo tiempo que está desestabilizando la zona con una política expansionista y agresiva hacia España (invasión de Perejil, reclamaciones sobre Ceuta, Melilla, islotes españoles, aguas canarias) y hacia Argelia (reclamación sobre el sudoeste argelino). Ahora Marruecos se aferra a la segunda idea, la de evitar la “balcanización” de la región. Dejando al margen el hecho de que Marruecos apoyó diplomática e incluso militarmente a Bosnia, la decisión de EEUU de favorecer la creación de un nuevo Estado africano, no susceptible de ser dominado por el integrismo islámico, para explotar las riquezas petrolíferas de la zona podría dar lugar a pensar que EEUU no vería mal la creación de un nuevo Estado en la costa atlántica africana. Un nuevo Estado, el saharaui, que por la idiosincrasia y la trayectoria del Polisario no caería en manos del integrismo islámico, ese mismo integrismo que cada vez se muestra más poderoso en Marruecos. EEUU patrocinó la anexión del Sahara por Marruecos en abril de este año en la ONU. El cambio de posición de EEUU a finales de julio, con la aprobación de la resolución 1429 enterrando el “acuerdo-marco”, esto es la anexión, y proclamando nuevamente el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui podría entenderse mejor desde la clave de lo ocurrido en Sudán. Esta política de “particiones estratégicas” que parece que se pretende aplicar en Sudán no sólo puede tener repercusiones en el Sahara Occidental, sino que pudiera también proyectarse en otros escenarios como Irak o incluso la península arábiga.

El proceso de paz en Sudán: ¿un modelo de gestión frente al integrismo islámico?

El proceso de paz en Sudán es una de las consecuencias más importantes de la nueva política exterior norteamericana después del 11-S. Este proceso parece revelar una nueva estrategia norteamericana para resolver ciertos conflictos que afectan a países árabo-musulmanes con componentes étnicamente diversos consistente en aislar el “virus” o peligro islamista, separando territorios poco susceptibles de sufrirlo para así dejar a salvo intereses importantes para EEUU (mayormente petroleros). No parece casual que en los círculos del poder norteamericano se barajen fórmulas de partición de Irak o de Arabia Saudí.

En el caso de Irak, por primera vez desde la primera guerra mundial la existencia de un Kurdistán independiente o semi-independiente puede ser de interés para Estados Unidos, ya que alberga grandes yacimientos petrolíferos. No obstante, esta propuesta se enfrenta con la hostilidad de Turquía, tradicional aliado de Estados Unidos. Sin embargo, el interés de Estados Unidos puede pesar más que esa alianza, que por lo demás se pondría a prueba con una medida como ésta.

En el caso de Arabia Saudí, la cada vez más clara implicación del régimen saudí en la financiación e incluso organización del terrorismo islámico y, sobre todo, de la ideología que lo sustenta, parece llevar a la idea de que las inmensas reservas petrolíferas saudíes no pueden estar controladas por un régimen tan poco fiable. De ahí que algunos estrategas de Washington hayan presentado propuestas para dividir el país creando un nuevo Estado, inmunizado desde el principio frente al virus islamista, que custodiaría una parte de esas reservas petrolíferas tan deseadas.

Conclusión

El proceso de paz en Sudán no sólo tiene interés por afectar al país más extenso de África, sino porque puede ser un modelo de gestión de otros conflictos en los que España está afectada, como el del Sahara Occidental y el del Golfo. Si aceptamos que es de interés nacional de España un Sahara independiente (por razones político-estratégicas, económicas, sociales y culturales) parece claro que España debe apoyar diplomáticamente los esfuerzos norteamericanos, ya que tanto el modelo de solución del conflicto como la propia opción de la partición del Sudán que parece preconizar Estados Unidos podría tener una importante repercusión en el conflicto del Sahara Occidental. Si consideramos que España también tiene interés en un suministro estable de petróleo por los países productores del Golfo, nuestra diplomacia también debería prestar la necesaria atención al proceso de paz en Sudán.